Control y vigilancia a asociaciones campesinas: MinAgricultura

Foto. AI

Según la entidad, el Ministerio de Agricultura reglamenta labores de inspección y vigilancia en asociaciones campesinas y agropecuarias del país.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 052 del 17 de marzo de 2025, con la cual reglamenta las labores de inspección, vigilancia y control a las asociaciones campesinas y agropecuarias nacionales.

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Que trae la normatividad.

Facultades otorgadas al Ministerio de Agricultura:

* Supervisión de cumplimiento y verificar que las asociaciones respeten sus estatutos, leyes vigentes y la voluntad de sus fundadores.  Acceso a información, solicitud de documentos financieros, balances, actas de asambleas y estados financieros.

 *Inspecciones y auditorías, realizar visitas e interrogatorios bajo juramento y análisis de libros contables.

Medidas preventivas y sancionatorias, Amonestaciones escritas para directivos o asociaciones. 

  – Cancelación de personería jurídica. 

  – Multas diarias de hasta 80 UVB (Unidades de Valor Básico).  

  – Modificación de estatutos y prohibición temporal o definitiva de actividades. 

  Intervención administrativa: Remoción de administradores y designación de agentes especiales.

2. Obligaciones para las asociaciones.

 *Presentación de informes anuales*: Las asociaciones deben entregar antes del último día hábil de abril informes financieros, actas de asamblea y documentos aprobados, bajo pena de sanciones.   

 *Ajustes estatutarios*: Cumplir con modificaciones exigidas por el Ministerio para alinearse a la ley.

*3. Fundamentos legales y proceso de implementación

 *Ley 2219 de 2022*: Esta ley, aprobada durante el gobierno de Iván Duque, otorgó al Ministerio las competencias para ejercer sobre asociaciones campesinas (organizaciones sin ánimo de lucro de campesinos) y agropecuarias (constituidas por pequeños y medianos productores). 

Asimismo, otorga a los municipios a través de las secretarias de gobierno para ejercer dichas funciones de control y vigilancia a las asociaciones de su jurisdicción.

La medida ha generado preocupación en algunos sectores gremiales, que consideran que otorga facultades excesivas al ministerio. En este punto, los Gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y el Consejo Gremial Nacional argumentan que la resolución viola los artículos 38 y 39 de la Constitución, que garantizan la libertad de asociación y la autonomía de entidades privadas.   Acusan al Ministerio de interpretar estatutos, remover representantes legales y controlar información financiera sin base legal clara. 

Sobre este aparte, la entidad desmintió las versiones que califican la medida como inconstitucional y reiteró que su propósito es fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control (IVC) sobre asociaciones campesinas y agropecuarias para garantizar su adecuado funcionamiento.

De acuerdo con el MinAgricultura, la Ley 2219 de 2022 otorga a la entidad la facultad de ejercer inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones del sector agropecuario, con el objetivo de prevenir irregularidades y garantizar la transparencia en su gestión. Esta normativa fue aprobada por el Congreso y sancionada por el entonces presidente Iván Duque Márquez.

El artículo 11 de la Ley 2219 establece que el Ministerio, en coordinación con las Secretarías de Gobierno Municipales y Distritales, tiene la potestad de ordenar la suspensión de actividades ilegales de estos gremios y aplicar las sanciones correspondientes.

laministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dijo: «Nosotros estudiamos a fondo la resolución, que es materia de reglamentación de una ley del 2022 sancionada por el entonces presidente Iván Duque. Tenemos seguridad jurídica frente a la resolución, pero, como todas las decisiones administrativas en el estado social de derecho, están sujetas al control público y de legalidad por parte de los jueces de la República»

Carvajalino aclaró que el Ministerio no se está adjudicando nuevas funciones de inspección y control, sino que estas ya estaban estipuladas en la ley. «Esta norma es el cierre de un debate que lleva al menos 40 años en el sector. Desde 1989, cuando se reestructuró el Ministerio de Agricultura.

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