Las quejas ciudadanas han sido particularmente visibles en municipios de diferentes regiones de Colombia, especialmente en zonas rurales.
No paran las quejas, reclamos y rechazo de dueños de predios en la zona urbana y rural de losmunicipios en torno a los excesivos cobros del impuesto predial; aseguran que los valores de sus recibos se han multiplicado hasta siete u ocho veces.
La inconformidad se origina en los incrementos del impuesto predial tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Según los manifestantes, en algunos casos los aumentos alcanzan hasta el 300 %, e incluso cifras superiores según denuncias de los ciudadanos, lo que ha impactado directamente la economía de familias que dependen de la actividad agrícola y ganadera.
Frente a estas denuncias, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda, explicó que existe una diferencia clave entre el avalúo catastral y el impuesto predial, y aseguró que los municipios tienen la responsabilidad final sobre el monto que pagan los contribuyentes.
El funcionario aseveró que esta entidad define cuánto vale un predio y no el valor comercial, que es el 60 % de ese valor como máximo, y de ahí en adelante es la Alcaldía quien define la aplicación de la ley.
El director aseveró que, si es un predio de menos de 100 hectáreas, que son el 98 % de los predios de este país, el incremento del avalúo no puede ser superior al 50 %, pero si es de más de 100 hectáreas, donde hay alrededor de 28.000 predios, no deben pagar más del 100 %.
En este sentido, afirmó que “si el ciudadano tiene alguna duda, queja, reclamación sobre el valor que se le dio al inmueble, viene el IGAC, pero si ya el tema es que está pagando el 600 %, el 700 %, el 800 %, por encima de lo que pagó el año inmediatamente anterior, en ese caso en particular está mal”.
Frente a este panorama, los habitantes del sector rural exigen al Gobierno Nacional y a las autoridades locales una revisión urgente de los avalúos catastrales y la implementación de medidas que ajusten los cobros a la capacidad económica del sector rural.
Foto: lasillarota.com
