El alcalde José Dayler Lasso y su secretario de Planeación Municipal, Miguel Andrés Capera, al parecer, habrían inflado el tope de mínima cuantía para la adquisición de equipos para maquinaria amarilla.
En este sentido, la Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio (Tolima), José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, por la supuesta responsabilidad en irregularidades en un contrato para la adquisición de llantas destinadas a una motoniveladora.
Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
De igual manera, fueron judicializados los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Los hechos habrían ocurrido en el mes de marzo de 2024, cuando el mandatario municipal y el secretario de Planeación, al parecer, generaron el contrato para favorecer a un consorcio contratista conformado por Durán Briñez y Zambrano Hernández, para la adquisición de repuestos para maquinaria pesada por un valor superior a los 33 millones de pesos, a pesar de que la norma solo permitía contratar hasta $29.978.789 bajo la modalidad de mínima cuantía.
Durán Briñez, quien ejerció el rol de representante legal del consorcio, firmó que todos los actos contractuales y precontractuales, mientras que Zambrano Hernández, fue el encargado de aportar documentos que sustentaron la supuesta experiencia del consorcio para proveer los elementos requeridos por la administración municipal.
Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía Seccional Tolima.
Fotos: redes sociales
