De acuerdo con lo establecido por el Ministerio del Interior, los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de abril de 2026 en todo el territorio nacional, iniciando un nuevo periodo de liderazgo comunitario que se extenderá hasta el año 2030.
De acuerdo con el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, el 26 de marzo vence el plazo para que las Juntas de Acción Comunal elijan el Tribunal de Garantías, requisito obligatorio para poder realizar las elecciones.
Conformación del Tribunal de Garantías: hasta el 26 de marzo de 2026
Afiliaciones en el libro de afiliados: hasta el 10 de abril de 2026
Elecciones: 26 de abril de 2026
Inicio del periodo 2026–2030: 1 de julio de 2026.
“La elección de este tribunal es supremamente importante porque es un requisito sine qua non para que se pueda convocar a las elecciones que se van a realizar el 26 de abril”, afirmó el secretario.
De igual forma, explicó que “quienes conforman el Tribunal de Garantías no podrán ser candidatos ni elegidos como dignatarios de la Junta de Acción Comunal. La función principal del tribunal es garantizar la transparencia y la organización de dichas elecciones”.
El funcionario también recordó que la normatividad vigente establece que mínimo el 30% de los cargos deben ser ocupados por mujeres, como parte del fortalecimiento de la participación democrática en estos organismos comunitarios.
Otra fecha fundamental será el 10 de abril, fecha límite para la inscripción de afiliados.
Las elecciones de las JAC representan uno de los ejercicios democráticos más importantes a nivel barrial y comunitario en Colombia. A través de estos espacios, líderes locales impulsan proyectos sociales, gestionan soluciones colectivas y fortalecen la participación ciudadana.
Posteriormente, y conforme a lo establecido en la circular 09 del 22 de diciembre de 2025, las organizaciones comunales tendrán 20 días calendario después de las elecciones para radicar la documentación del proceso ante la Secretaría del Interior, entidad que realizará la verificación correspondiente para la expedición de los actos administrativos de inscripción de dignatarios.
La recomendación para las comunidades es prepararse con anticipación, revisar sus estatutos y garantizar que el proceso se realice conforme a la ley, promoviendo elecciones legítimas, incluyentes y transparentes.
