El riesgo, según los expertos, aumento en un 39% comparado con las elecciones de 2019.
De acuerdo con la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia en Colombia, 399 municipios en el país se encuentran en riesgo, de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral del próximo 29 de octubre
“Hemos emitido esta Alerta Temprana Electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la presentación del documento de advertencia.
Según el documento de alerta temprana, 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
La Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios encuentran en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023.
La entidad permitió identificar la presencia, tránsito o injerencia de grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las elecciones regionales, Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56% en las regiones del país, diversificando sus fuentes de financiación ilegal.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, pidió el defensor del pueblo.
La solicitud de la defensoría está acompañada de lo consignado en la Alerta Temprana Electoral, cuyo propósito en que el Estado colombiano cubra institucionalmente el territorio nacional y establezca reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y agilice los planes de acción de política pública de prevención y de protección ciudadana.
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