La Sala del Consejo Nacional Electoral decidió abrir investigación formal a la campaña ‘Petro presidente’ y formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por una supuesta violación de topes de financiación.
De inmediato, en su cuenta de X, el mandatario señaló que “ha comenzado el golpe de Estado”. Entre tanto, distintos sectores políticos reaccionaron a la formulación de cargos contra el presidente y Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña. Los cargos, que giran en torno a la presunta violación de los topes de financiación permitidos por la ley en la campaña presidencial de 2022, han generado un fuerte debate en la esfera pública y jurídica, se lee en diferentes medios de comunicación Nacional.
Además del presidente Gustavo Petro en calidad de candidato, los otros investigados son Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña presidencial; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, como auditores, y a Lucy Aydee Mogollón Alfonso, como tesorera. También a los partidos Movimiento Político Colombia Humana y Unión Patriótica.
Según la ponencia que votaron los magistrados en la Sala Plena de este martes, 08 de octubre, se habría registrado una violación de los topes de financiación que superaría los 5.000 millones de pesos entre primera y segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, Petro, Roa y compañía habrían vulnerado el límite de gastos de la campaña de primera vuelta por el orden de $3.709.361.342; en una decisión fundamentada en el artículo 109 de la Constitución Política, el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 y los artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005. Por su parte, en la segunda vuelta, se comprobaron excesos por 1.646.386.777; para un gran total de $5.355.748.119.
Además, la campaña también habría violado lo dispuesto en la Resolución 0694 de 2022, adoptada por la Corporación, en la que se fijaban los límites de gastos para ambas vueltas. Así quedó consignado en el informe de 350 páginas elaborado por los magistrados Ortiz y Prada, y que fue respaldado por votación mayoritaria por parte del Consejo Nacional Electoral, acerca de los reportes que no encajan en la contabilidad presentada inicialmente por el presidente y su gerente.
La investigación debe concluir antes de junio de 2025, fecha en la cual caducan las presuntas irregularidades administrativas, lo que significa que aún queda un largo camino antes de conocer una decisión definitiva.
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