6 de noviembre de 1985, un día que marcó la historia de Colombia entre el fuego y el miedo por la toma del M-19 al Palacio de Justicia de Bogotá.
Fueron 28 horas de Terror ante la toma y retoma del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, el quedo fue destruido y reducido a escombros por los violentos combates entre Ejército y guerrilla del M-19.
Cuarenta años después, la justicia colombiana está lejos de conocer él ¿por qué y para qué’ del violento ataque que dejó cerca de 100 muertos, entre ellos, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, trabajadores y visitantes del palacio.
De acuerdo con medios nacionales y testimonios de sobrevivientes al ataque. El 6 de noviembre de 1985 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia pretendían debatir el tratado de extradición con Estados Unidos, razón por la cual el magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, habría recibido amenazas de muerte por parte de los narcotraficantes, por lo que existen testimonios que señalan la acción del M-19 como financiada por Pablo Escobar.
Cuarenta años después, el país, en cabeza de la rama judicial, realizará un acto solemne a las víctimas de este horroroso hecho.
Sobre esta profunda herida que aún no sana en Colombia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a la reflexión a través de los micrófonos de Blu radio. “Que cese el fuego de desinformación y de odio” Retomando las célebres palabras del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien durante el asedio clamó “¡Que cese el fuego!”
Su llamado fue enfático: Detener la polarización que, a su juicio, está minando los fundamentos de la convivencia democrática. “La acusación insensata, la desinformación y la agresión verbal se han vuelto cotidianas. Es hora de comprender al que no nos puede comprender y entender al que no nos puede entender”, dijo.
Y anoto: “Estamos preparando una conmemoración especial porque son 40 años y es un número significativo. Queremos rendir homenaje a las víctimas, traer la memoria y evitar el olvido”. El magistrado recalcó que la evocación de ese trágico episodio no solo es un acto simbólico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro institucional del país.
