No puede haber Ley de Víctimas sin que las víctimas participen; por esta razón, el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral ordenó que, máximo en 24 horas, la unidad de víctimas ‘UARIV’ socialice las reglas de juego pertinentes a la participación electoral de las víctimas en la Circunscripción 15: Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco.
El Juzgado Penal del Circuito de Chaparral – Tolima, mediante auto proferido el 26 de noviembre de 2025, admitió una acción de tutela y accedió a una medida provisional que obliga a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) cumplir de manera inmediata con la realización de campañas de pedagogía y sensibilización dirigidas a las víctimas del conflicto armado en el sur del departamento del Tolima.
La medida provisional, de carácter urgente e improrrogable, ordena a la UARIV que, en un plazo máximo de 24 horas, despliegue todas las actuaciones administrativas y comisiones de servicio necesarias para que sus funcionarios se trasladen a los municipios de la Circunscripción 15: Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco, con el propósito de socializar y promover la participación electoral de las víctimas el próximo año.
El objetivo es garantizar la ejecución de las campañas de pedagogía previstas en el artículo 4 de la Resolución 02439 del 14 de octubre de 2025, con el fin de promover y facilitar la participación electoral de las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para el período 2026-2030.
El juzgado consideró que la medida era necesaria y urgente, dado que el plazo para la inscripción de candidaturas al Congreso de la República vence el próximo 8 de diciembre de 2025, y ante la falta de cumplimiento por parte de la UARIV podría generar un perjuicio irremediable a los derechos políticos de las víctimas.
La decisión judicial, tomada en el marco de la acción de tutela interpuesta por el Personero Municipal de Planadas, Rider Rojas , quien en su calidad de agente del Ministerio Público busca proteger los derechos fundamentales a la participación política, la igualdad, el debido proceso administrativo y el acceso efectivo a los mecanismos de representación de las víctimas.
La medida representa un avance significativo en la garantía de los derechos de las víctimas y refuerza el compromiso del Estado con su participación efectiva en los escenarios de construcción de paz del sur del Tolima.
